La Ley de Paternidad Responsable de Costa Rica está bajo presión debido al desfinanciamiento del laboratorio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo que, según críticos, pone en riesgo los derechos de niños y madres que dependen de pruebas de ADN. Esta preocupación se ha difundido a través de redes sociales.
Según el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, la Ley de Paternidad Responsable, aprobada en 2001 durante su administración, otorgó a las madres el derecho a declarar al padre desde el nacimiento y ordenó pruebas de ADN en disputas de paternidad. El Estado comprometió hasta ¢1.000 millones anuales para el laboratorio de genética. Sin embargo, desde 2023, bajo la dirección de Mary Munive, la partida cayó a ¢194 millones y permanece congelada. Rodríguez informó a Diario Extra que la CCSS ha destinado más de ¢600 millones entre 2023 y 2025, pero funcionarios advierten que el modelo es insostenible y se necesitarán al menos ¢600 millones solo para operaciones básicas el próximo año.
Rodríguez denunció la falta de compromiso del gobierno con la protección de los derechos de los niños. “No dejen desprotegidos a los niños que nacen fuera de matrimonio ni a sus madres”, instó en un pronunciamiento publicado por Diario Extra, llamando a los legisladores a restituir los recursos. Recordó además que antes de la reforma, los padres podían abandonar a sus hijos sin consecuencia legal alguna.
El tema ha resurgido en medio de crecientes críticas hacia Munive, ministra de Salud y vicepresidenta. Grupos provida la acusan de defender una polémica regulación sobre aborto que, según ellos, debilita las protecciones constitucionales. Organizaciones como Crece por mi País y Médicos por la Vida argumentan que mientras el gobierno dice ser provida, ha fallado tanto en proteger a los no nacidos como en garantizar apoyo a los niños después del nacimiento.
Por su parte, el presidente Rodrigo Chaves ha buscado reafirmar su posición: “Somos provida. Provida, provida y provida. Provida del feto y provida de la madre”, declaró según un comunicado recogido por El Mundo.CR. Sin embargo, críticos responden que la retórica no alcanza; sin un financiamiento urgente, el sistema corre riesgo de colapsar.
La CCSS es una institución pública encargada de gestionar la seguridad social en Costa Rica desde 1941. Opera hospitales y programas financiados por el Estado junto con empleadores y trabajadores.
