La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó el 10 de abril nuevas leyes que exigen la recolección de perfiles de ADN de personas condenadas y la creación de una base de datos genética para delincuentes sexuales.
Las nuevas medidas buscan fortalecer las bases de datos administradas por la Oficina de Investigación Judicial (OIJ) mediante la recolección de ADN. Los legisladores afirman que estas iniciativas pretenden mejorar los procesos de identificación y contribuir a reducir la reincidencia dentro del sistema judicial.
Uno de los proyectos de ley aprobados, el número 24.341, se denomina Ley para Facilitar la Identificación de Personas Involucradas en Actos Delictivos mediante ADN. Fue propuesto por Eliécer Feinzaig, diputado del Partido Liberal Progresista. Esta ley establece que toda persona condenada que desee recibir beneficios penitenciarios deberá someterse a un registro obligatorio de datos biométricos. Este requisito se aplica a quienes solicitan beneficios como arresto domiciliario con monitoreo electrónico, libertad condicional o permisos temporales de salida de prisión. El Ministerio de Justicia y Paz será responsable de la recolección de muestras de ADN no codificante.
Según la documentación del proyecto, “el objetivo principal es reducir la reincidencia y garantizar que el sistema penitenciario mantenga actualizada su base de datos de identificación”. La iniciativa fue aprobada con el voto afirmativo de 32 legisladores; siete miembros del partido gobernante votaron en contra.
Un segundo proyecto de ley, el expediente número 24.327, se centra exclusivamente en la creación de una base de datos genética para personas condenadas por delitos sexuales. Propuesta por María Marta Carballo, diputada del Partido de la Unidad Social Cristiana (PUSC), esta reforma exige que el OIJ mantenga una base de datos digital con información sobre todos los adultos que hayan recibido condenas firmes por dichos delitos.
Incluso después de cumplir sus condenas, las personas amparadas por esta ley seguirán sujetas a la supervisión de la OIJ en relación con condenas por delitos sexuales. Los datos genéticos recopilados en virtud de esta medida permanecerán en los registros oficiales hasta cincuenta años después de la finalización de las condenas.
Esta propuesta fue aprobada con el voto afirmativo de cuarenta y dos diputados; solo Manuel Morales, miembro del partido gobernante, votó en contra.
