El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el Consejo Nacional de Carreteras (CONAVI) anunciaron el 26 de marzo que el Pleno Legislativo aprobó en primer debate el préstamo para la construcción del proyecto del corredor vial San José-San Ramón y el radial Río Segundo.
Este avance es significativo, ya que impulsa un proyecto de infraestructura largamente esperado, cuyo objetivo es mejorar el transporte para los residentes de las regiones occidentales. Los fondos permitirán realizar mejoras esenciales en una de las principales rutas viales de Costa Rica.
El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, se mostró muy satisfecho con este resultado positivo. Zeledón confirmó que, una vez que el proyecto se convierta en ley, «desde la Unidad Ejecutora del Proyecto, estamos listos para publicar el pliego de condiciones para que esta obra, que los vecinos llevan años esperando, pueda comenzar a materializarse pronto».
El préstamo aprobado asciende a un total de 770 millones de dólares. De esta cantidad, 600 millones provienen de un acuerdo de préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), mientras que los 170 millones restantes son aportados por el Fondo OPEP.
La financiación permitirá intervenir a lo largo de 55.6 kilómetros, incluyendo obras de ampliación en las carreteras General Cañas y Bernardo Soto, así como la construcción de una nueva vía radial de 4.45 kilómetros entre Río Segundo de Alajuela y Belén. El proyecto también contempla la construcción o mejora de 21 intercambiadores, como el de Circunvalación – Juan Pablo II, Cariari y el del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, la construcción de 20 pasos peatonales, 25 puentes vehiculares, dos puentes ferroviarios, la rehabilitación de siete puentes existentes, la creación de dieciocho pasos para fauna silvestre y la habilitación de ciento diez dársenas para autobuses, entre otras obras.
De cara al futuro, los funcionarios del MOPT afirman que se están realizando los preparativos para avanzar rápidamente a las fases de adquisición tras la aprobación legislativa definitiva.
