El debate presidencial organizado por Grupo Extra y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) reunió a los cinco candidatos más destacados, según la encuesta del CIEP del mes pasado. Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, declinó la invitación tras confirmar su asistencia. El evento comenzó con una hora de retraso debido a problemas técnicos con el sistema de transcripción simultánea del candidato Álvaro Ramos.
Los temas clave discutidos incluyeron seguridad, costo de vida, pobreza, infraestructura y transporte, educación, vivienda y acceso al agua. Los candidatos presentes fueron Claudia Dobles (Coalición Agenda Ciudadana), Ariel Robles (Frente Amplio), Juan Carlos Hidalgo (Unidad Social Cristiana), Álvaro Ramos (Liberación Nacional) y Natalia Díaz (Unidos Podemos).
En materia de seguridad, Ariel Robles criticó la propuesta de la actual administración de una "megaprisión", afirmando que no es una solución nueva ni eficaz. Aseguró que centrará la inversión gubernamental en la educación, en lugar de en las cárceles, y combinará la presencia policial en zonas de alta violencia con programas de educación, vivienda y salud.
Claudia Dobles describió su plan para atacar los flujos de capital emergentes y levantar el secreto bancario como estrategias contra el financiamiento del crimen organizado. Ella afirmó: “Se han impulsado reformas que pretenden hacer eso y no han avanzado, estamos comprometidos con revisar aquello que ha generado dudas de esos proyectos, para ver cómo los podemos mejorar, para quitar al crimen su financiamiento, pero garantizar al sector productivo que no habrá abuso en una ley como esta”. Dobles también enfatizó que dichas leyes no deberían convertirse en herramientas para coaccionar a empresas o individuos.
Natalia Díaz abordó las críticas a su política migratoria por presunta xenofobia. Rechazó esta caracterización y afirmó que las autoridades deberían intervenir en barrios conocidos como "escondites del crimen" para verificar los antecedentes penales de los residentes: "El que viene a trabajar a Costa Rica siempre será defendido, pero el que viene a delinquir no debe ingresar a este país". Añadió que los migrantes indocumentados podían acceder a los servicios de salud, pero debían pagarlos.
En cuanto a las propuestas de reducción de la pobreza, Álvaro Ramos abogó por enfoques universales como una pensión básica y la ampliación de las redes de cuidado infantil para permitir que más mujeres se incorporen a la fuerza laboral.
Juan Carlos Hidalgo reiteró su plan de reducir las cargas sociales como incentivo para el empleo formal: “Planeamos recortar los impuestos a la planilla que no van a financiar la Caja (Costarricense de Seguro Social) ni las pensiones y trasladarlos para que se financien con impuestos ordinarios, para que el costo de contratar personas caiga y exista un incentivo para contratar personas que no están recibiendo los ingresos que podrían recibir si tuvieran un salario formal”. Para financiar estas medidas propuso gravar las plataformas tecnológicas e imponer tasas diferenciadas a los compradores de propiedades en las zonas costeras.
La política educativa fue otro punto central. Tanto Hidalgo como Robles pidieron fortalecer el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para capacitar a los trabajadores en las competencias tecnológicas que necesitan las empresas. Dobles hizo hincapié en el acceso universal a internet en las escuelas y la actualización de los planes de estudio, con énfasis en el análisis de datos, en las escuelas técnicas de todo el país.
Álvaro Ramos analizó la regulación de la inteligencia artificial en los sectores educativo y sanitario. Señaló que los expertos recomiendan desarrollar marcos de gobernanza en lugar de regulaciones legales.
Natalia Díaz abordó los riesgos de ciberseguridad tras los ataques a instituciones públicas a principios de la administración. Destacó los riesgos continuos que enfrentan los niños en línea, que requieren capacitación en alfabetización digital en las escuelas para reconocer ciberamenazas como el acoso o la desinformación.
Las discusiones sobre infraestructura se centraron en políticas de teletrabajo y proyectos de trenes eléctricos para aliviar la congestión vehicular. Ariel Robles cuestionó a Claudia Dobles sobre los contratos adjudicados durante su mandato que involucraban a empresas vinculadas a la corrupción; Dobles respondió que no se deben hacer acusaciones sin pruebas.
Dobles enumeró tres proyectos viales importantes que priorizaría si fuera elegida: mejoras en las rutas 1 (Interamericana Norte), 27 (Caldera) y 32 (a Limón), y criticó la ejecución del gobierno actual como deficiente.
Díaz confirmó su apoyo a la continuación del proyecto del tren eléctrico, pero enfatizó la importancia de mejorar los servicios ferroviarios existentes mientras tanto; Robles coincidió con este enfoque. Hidalgo sugirió aumentar la presencia de agentes de tránsito y explorar carriles rápidos para autobuses junto con las opciones ferroviarias.
Todos los candidatos expresaron su apoyo al teletrabajo cuando sea viable en puestos de servicio público. En los segmentos finales sobre puertos y aeropuertos, Díaz argumentó que los aeropuertos internacionales existentes deben revisarse antes de considerar nuevos proyectos como el aeropuerto de Orotina; Hidalgo sugirió revisiones regulatorias de las concesiones portuarias, además de desarrollar dos puertos graneleros en la costa del Pacífico para descongestionar el puerto de Caldera.
El debate finalizó a las 21.30 horas, omitiendo su último bloque de preguntas debido a retrasos iniciales provocados por dificultades técnicas.
